Asistimos, en el contexto de la debacle económica y con la excusa de un recorte del “gasto irracional”, al sprint final por la privatización progresiva de la enseñanza pública. A pesar de una tasa de abandono escolar (31,2%) que duplica la media de la UE, lo que parece ser “racional” es recortar en la formación de las personas, “ahorrar” en lo más valioso y esencial para el desarrollo de una sociedad.
La extrema ineptitud por la que se rigen los expertos en educación que nos gobiernan, alcanza cotas insospechadas en Levante que, con el índice más alto de abandono escolar del Estado y de Europa (38%), más de 900 barracones, centros educativos en condiciones lamentables y una notoria falta de plazas escolares, no sólo aumentará la ratio de alumnos/as por aula en un 20% -que con el 10% reservado a la incorporación tardía sumaría un 30%, pudiendo resultar en 46 alumnos/as en grupos de Bachillerato, por ejemplo- sino que, con una profunda merma en los presupuestos destinados a la contratación de personal docente, se llevan por delante los grupos de refuerzo fuera del horario escolar. Estos grupos, dentro un programa de compensación dirigido a alumnos/as con problemas de aprendizaje y/o en riesgo de exclusión social, así como a estudiantes inmigrantes de nueva incorporación, sufrirán un recorte del 40%. No es necesario incidir, por tanto, en el consecuente y previsible incremento del fracaso escolar o de la desatención del alumnado inmigrante de nueva incorporación que PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo) y PASE (Programa de Acogida al Sistema Educativo) intentaban aliviar con los ya escasos recursos de que disponían.
La Ley que prepara el Gobierno hunde de manera definitiva la Formación Profesional, masificando la parte básica de ésta –grados medios- sin los recursos adecuados, con el resultado –también- de un gran fracaso escolar. Por lo que respecta a la Formación Profesional de Grado Superior, el Gobierno pretende restringir su acceso, aumentando las tasas y dificultando, así, el acceso a la educación. El aumento sangrante de las tasas universitarias que, unido al recorte continuo de las becas, ya ha provocado que numerosos/as estudiantes hayan abandonado sus estudios, no hace sino sumar motivos a los ya abundantes para salir a la calle y seguir luchando contra una Ley que dejará fuera de la enseñanza pública a miles de estudiantes sin haber obtenido tan siquiera la formación cualificada más básica.
Aquello a lo que llamamos “enseñanza de calidad” incluye guiar el aprendizaje, atender la diversidad y los problemas de integración, solucionar conflictos y un largo etcétera que no puede ser desvinculado de la compleja labor de educar. En ello, el esfuerzo y la dignidad de la tarea que realizan los/las docentes no puede ser desdeñado: el aumento de la jornada lectiva y una nueva política de sustituciones (a partir de 10 días) irá en detrimento de la atención personalizada, el desarrollo del curriculum de las asignaturas y sus posteriores –y más que cuestionables- evaluaciones, pero ha supuesto, también, el despido de numerosos/as docentes interinos.
La escandalosa y denigrante situación en la que se encuentra la educación pública, está ligada inevitablemente al empeoramiento de las condiciones laborales de los/las docentes. Más allá del recorte en el salario del 50% proveniente de los complementos de formación del profesorado (sexenios), el paradigma del golpe a los/las trabajadores/as de la enseñanza es el profesorado interino, el cual dejará de cobrar el sueldo de julio y agosto –los que tengan la suerte de conservar su trabajo, puesto que más de 3500 docentes interinos con nulas perspectivas de volver a trabajar en la enseñanza pública han sido despedidos al finalizar este último curso-. Cabe mencionar, además, que el despido de estos/as docentes ha salido gratis. No conformes con esto, ahora se contempla la figura del “auxiliar”-becario/a-precario/a como maestro/a de inglés, ya que, se despide al denostado profesorado interino y se contratan becarios a mitad de precio durante 8 meses –obviamente, sin derecho al subsidio por desempleo.
Frente a este salvaje golpe, sólo existe una herramienta eficaz: la huelga, la única forma de lucha que realmente nos ha hecho conquistar derechos que parecen tener los días contados. La huelga de estudiantes de los días 16, 17 y 18 de octubre debe ser el comienzo de un camino que nos lleve a una huelga, no de días al azar, intermitente o que pase de puntillas, sino molesta, paralizadora y que realmente desborde la administración pública.
¡LA EDUCACIÓN NO SE VENDE, SE DEFIENDE!
¡HACIA LA HUELGA GENERAL INDEFINIDA!
Movilizaciones:
Miércoles 17 a las 12:00: Manifestación de estudiantes en Facultad de Historia (Blasco Ibáñez).
Jueves 18 a las 18:00: Manifestación de Enseñanza en la Plaza San Agustín.
Viernes 19 a las 10:30 y a las 18:20: Corte de tráfico en la puerta del CIPFP Misericordia.
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