Este es el texto del manifiesto, puedes encontrar más información en la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón:
El rescate anunciado por el Gobierno del Estado Español nos condena a más miseria.
La UE, el FMI y el BCE nos obligan a priorizar el pago de la deuda a cualquier necesidad social y nuestros Gobiernos cumplen con su papel servil a los intereses del capital financiero y transnacional. Las consecuencias son claras y los ejemplos son Grecia, Portugal o Irlanda. Nuestros derechos fundamentales son un lastre para sus beneficios y necesitan eliminarlos:
· El Real Decreto 14/2012 de Educación supone una agresión sin precedentes cuya consecuencia es el desmantelamiento de la educación pública: masificación de aulas, despidos masivos de profesorado, supresión de aulas en pueblos y ciudades… que se suman a la eliminación de programas y paralización de nuevas infraestructuras en Aragón. Además, la nueva regulación para libros y comedor deja sin ayuda a la mayoría de las familias y eso supondrá un incremento brutal en el coste por hij@ que van a tener que asumir. El desmantelamiento de la educación pública sólo cumple un objetivo: allanar el camino a la privatización de este derecho. En la universidad, siguiendo las pautas del Proceso de Bolonia (Espacio Europeo de Educación Superior), el incremento de tasas, las restricciones para el acceso a las becas y la amenaza de eliminación de titulaciones sienta las bases de una educación al alcance de muy pocos.
· El Real Decreto 16/2012 de Sanidad acaba con el derecho a la salud. Impone restricciones y establece el pago parcial o total de servicios como prótesis, medicamentos o transporte sanitario. Perjudicando especialmente a enfermos crónicos y ancianos. Excluye de la asistencia sanitaria a mayores de 26 años sin acceso al primer empleo, inmigrantes “en situación administrativa irregular” Mientras, la entrada de la empresa privada en la sanidad pública (ley 15/97) convierte la salud en un negocio.
· El Real Decreto 3/2012 de Reforma Laboral suprime numerosos derechos laborales y es, en definitiva, una autopista para el empobrecimiento de l@s trabajador@s. El único objetivo, tanto de ésta como de la anterior reforma laboral, es mantener la tasa de beneficio empresarial y liberar recursos para que puedan pagar sus deudas a costa de los salarios y condiciones laborales.
· El Real Decreto Ley 20/2011 de Medidas Urgentes para la Corrección del Déficit Público impide la incorporación de empleados públicos, así como la prohibición a las administraciones locales de creación de empresas públicas que gestionen directamente las competencias municipales. Se impone la privatización de los distintos Servicios como la “única salida” posible.
En Aragón la responsabilidad de aplicación de estos decretos corresponde a los partidos en el gobierno PP-PAR a quien hay que exigirle la responsabilidad de su aplicación.
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