Sin esperar a septiembre, el gobierno continúa tomando medidas contra
los trabajadores y trabajadoras, llegando a acordar junto al Partido
Popular una reforma urgente de la Constitución por la que se limitaría
la capacidad de endeudamiento del estado español. Con esta reforma se
pretende que todas las administraciones públicas españolas tengan un
mandato constitucional por el que sus déficits presupuestarios y sus
deudas acumuladas se mantengan por debajo de unos determinados niveles
preestablecidos.
Esta reforma es un mandato expreso del Pacto del Euro acordado en el
pasado mes de marzo en el Consejo Europeo. En dicho pacto se establecían
varios objetivos que el gobierno español está llevando a cabo con
obediencia y diligencia dignas de mejor causa. Es el alumno más
aventajado de la clase en la aplicación del programa de reformas y
recortes establecido en dicho pacto: aumento de la edad de jubilación y
recorte de las pensiones, reforma laboral con el objetivo expreso de reducción de los salarios, reforma del marco de la negociación colectiva, etc.
En particular el Pacto del Euro obliga a una reforma constitucional
para que el objetivo de la sostenibilidad de las finanzas públicas se
cumpla por todos los niveles de la administración. Dicha reforma estará
supervisada por la Comisión Europea. Dentro de ese objetivo de
sostenibilidad fiscal se cita expresamente que se han de reformar las
pensiones, la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales para no
incurrir en déficits insostenibles.
No hay lugar a dudas. El pacto del euro manda recortar los gastos
sociales, establece unos controles permanentes desde las instituciones
europeas para que así se haga y obliga a reformar la Constitución para
que esas limitaciones tengan el máximo rango jurídico. ¿Dónde dicen los
políticos que reside la soberanía? ¿En el pueblo?
El déficit y el endeudamiento públicos son unos instrumentos de
política económica que los estados pueden utilizar para influir en el
marco institucional en el que se mueve la economía. El hecho de poner
una limitación a los mismos es una modificación de ese marco
institucional para favorecer el desarrollo de unas determinadas
políticas que favorecen a las capas más ricas de la sociedad y a las
grandes corporaciones empresariales y financieras. Si no aumentan los
ingresos de la administración y ésta no se puede endeudar la conclusión
necesaria es que han de disminuir los gastos. ¿Qué gastos disminuirán?
El pacto del euro lo dice bien claro: los gastos sociales (pensiones,
sanidad y prestaciones sociales).
Las administraciones locales y autonómicas tienen las competencias en
la prestación de muchos servicios públicos esenciales para la parte más
débil de la sociedad (ayuda a la dependencia, gasto sanitario y
farmacéutico, transportes públicos, basuras, aguas, limpieza, vivienda,
etc.). Al imponerle estas estrictas normas presupuestarias se aboca al
deterioro de los servicios que prestan, a la privatización de los mismos
o a su eliminación pura y dura.
El endeudamiento público español no está entre los más abultados de
Europa. Sin embargo el endeudamiento privado, el de los hogares y las
empresas españolas, sí es uno de los mayores del mundo. Con la excusa de
combatir aquel lo que se están haciendo es modificar las reglas del
juego a favor de los más poderosos. Es falso el debate intervencionismo
versus liberalismo. Se trata de intervenir a favor de los ricos. Por eso
hay que hablar de neocaciquismo y no de neoliberalismo: utilización de
los resortes públicos para el enriquecimiento de los más poderosos y el
establecimiento de una red clientelar (partidos políticos, asesores,
tertulianos, sindicalistas profesionales, fundaciones académicas, etc.)
para la implantación de las reformas.
Esta reforma viene acompañada de nuevas medidas que, bajo los
eufemismos acostumbrados, no hacen sino profundizar la precariedad en
que vivimos, especialmente los más jóvenes, para quienes se extiende
hasta los 30 años la posibilidad de utilizar contratos precarios, fuente
de fraudes y abusos, como el contrato de formación o el de prácticas,
mientras se sigue fomentando la temporalidad con la suspensión del
límite a los encadenamientos de contratos temporales.
Ante esto las burocracias sindicales solo alcanzan a ofrecer un nuevo
pacto de contención salarial hasta 2014, acentuando la pérdida de poder
adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, y poniendo de
manifiesto, no ya su incapacidad de dar respuesta a tanta agresión, sino
su papel fundamental en el sometimiento de la clase trabajadora a las
necesidades del sistema capitalista.
Capitalismo en estado puro. El juego democrático tiene las cartas
marcadas y esta modificación agosteña de la intocable Constitución
Española es la mejor muestra de ello. La misma élite política y
económica que ha provocado la crisis financiera e inmobiliaria es la que
ahora dicta los recortes y las reformas. Pero la crisis es del sistema
en su conjunto. Asistimos a una quiebra social, ecológica y energética
mundial que nos obliga a un replanteamiento radical de la sociedad en
que vivimos. Será, como siempre, una cuestión de fuerza, la suya ya
vemos dónde está, la nuestra está en la calle.
Es hora de que allí nos encontremos, todos y todas los que no estamos
dispuestos a seguir aguantando agresión tras agresión, poniendo en
marcha desde abajo , desde los centros de trabajo y desde los barrios,
en los distintos territorios, en toda Europa, un movimiento con
capacidad, no solo de enfrentar estas agresiones, sino de avanzar en el
cambio radical de sociedad que necesitamos.
Secretariado Permanente del Comité Confederal - CNT
www.cnt.es
No comments:
Post a Comment