Las condiciones de vida en el barrio de Praga son duras. Jakub, del Comité de Defensa de Inquilinos, cuenta que hay casas sin calefacción, putrefactas y húmedas. Jakub explica que hay personas que calientan sus pisos con fuegos abiertos, lo que es causa frecuente de incendios; además, “el aire en los pisos húmedos perjudica la salud, provoca enfermedades respiratorias, por eso los más desesperados abren las ventanas en vez de calentar el piso, incluso en invierno, ya que es preferible el frío antes que la humedad” denuncia este vecino del barrio de Praga.En octubre de 2010 dio comienzo una huelga de alquiler para denunciar las consecuencias de la privatización de la vivienda pública en Polonia. La huelga, convocada por el sindicato ZSP, es sólo una faceta de la lucha de inquilinos en este barrio, ubicado en una zona céntrica de Varsovia. El Comité de Defensa de los Inquilinos surgió en 2009 gracias al impulso un grupo de vecinos que había evitado la privatización de su edificio mediante protestas públicas. A partir de entonces, los activistas de este movimiento, al que se han sumado cientos de inquilinos, convocan asambleas en el barrio y prestan apoyo a vecinos afectados por las privatizaciones y los desalojos.
La huelga se planteó como una reacción al incremento de alquileres que ha llegado a ser del 300%. Agnieszka, una vecina que se encuentra en huelga desde un año, cuenta que en un mes el precio de su alquiler subió de 800 zloty, unos 200 euros, a 3.500. Tal incremento es ilegal, pero los inquilinos tienen que protestar por escrito en un plazo de 30 días, hecho que muchos de ellos desconocen. Como explica Jakub, del Comité de Defensa de Inquilinos, la convocatoria de huelga “trató de forjar una postura colectiva y ofensiva para hacer frente a una situación que muchos están afrontando solos. Según algunos sondeos, en determinadas zonas de Varsovia, un 60% de los inquilinos no es capaz de pagar el alquiler, pero prefieren no llamar la atención”.
Desalojos ilegales
Cada activista del Comité tiene sus propias experiencias en la reprivatización del mercado inmobiliario. La propietaria del piso de Mateusz le cortó la calefacción y la luz, además de impedirle el acceso al retrete. La arrendadora alegó presuntas obras, que jamás se llevaron a cabo, como causa de las molestias. En una entrevista con la televisión local, tras el desalojo ilegal de otro inquilino, esta misma propietaria declaró que éste “no es humano, no es una persona”.
Este desalojo ilegal no es un caso aislado. “Un día nos encontramos con una mujer totalmente apática sentada en el patio de su casa junto a sus muebles; había sido desalojada y no sabía adonde ir”, cuenta Laura. Aunque un desalojo sin aviso previo ni orden judicial es ilegal, los propietarios salen impunes porque la ley no prevé ninguna sanción en su contra.
No todos los inquilinos pueden ser desalojados. Maciej, quien tampoco puede pagar el alquiler, comparte un piso con sus dos hijos y su nieta. Como está prohibido el desalojo de niños, las autoridades tuvieron que ofrecerle un piso, de una sola habitación, para las cuatro personas. Ahora la familia no sólo vive en condiciones infrahumanas, sino que también convive con la amenaza de la separación: el Gobierno considera que el hecho de compartir una habitación con tres personas es perjudicial para el desarrollo de la niña y podría ordenar su ingreso en un orfanato.
Los inquilinos afrontan esta situación mediante bloqueos, manifestaciones, campañas y ejerciendo presión política sobre la administración central y el Ayuntamiento. Laura resume los diversos resultados de estas acciones: “Ha habido victorias, derrotas y algo a medio camino entre las dos cosas. En comparación con los miles de afectados no somos muchos activistas, pero los movimientos sociales lo tienen difícil en Polonia, porque todo lo colectivo recuerda a la época comunista y es rechazado de antemano”. Además, los activistas denuncian el bloqueo informativo por parte de los grandes medios de comunicación, “que suelen informar sobre casos aislados escandalosos, pero no critican la política neoliberal del Gobierno”.
A pesar de las dificultades, los activistas han conseguido pisos en buen estado para algunos inquilinos, la cancelación de desalojos e incluso la anulación de la privatización de un edificio. A esto se suma que la presión política ha conseguido que el Parlamento rechazara una ley que hubiera liberalizado aún más el mercado de la vivienda. Además, tanto en otros barrios de Varsovia como en otras ciudades polacas, están surgiendo movimientos similares.
Sebastian Frei// Varsovia (Polonia)
Martes 25 de enero de 2011. Número 142
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