La CNT sale a la calle de nuevo para protestar contra el Decreto 5/2010 aprobado por la Junta en julio, que aunque esté pasando desapercibido entre la opinión pública general, representa el mayor intento de privatización de la administración y los servicios públicos hecho hasta ahora en españa.
La Junta empezó a privatizar sus servicios, funciones y tareas allá a finales de los ochenta. Primero fue la limpieza, luego la seguridad, luego se crearon infinidad de empresas públicas, con las que se han ido externalizando multitud de competencias, que se les quitaban a los funcionarios, y siendo ocupados por empleo precario y dependiente del partido en el poder. Luego vino el modelo de contratar autónomos en vez de funcionarios. Esta es la “administración paralela”, que gestiona ya una parte muy importante del total del presupuesto de la Junta. Y todo esto ha estado pasando sin que nos demos cuenta, lo hemos asumido progresivamente sin darnos cuenta de que era parte de un proceso que culmina ahora.
La excusa era el ahorro, o la mejora de la eficiencia, como le llaman ahora. Pero ni uno ni otro los hemos visto por ningún lado. Paralelamente, se ha ido vendiendo la imagen del funcionario vago e inútil durante muchos años, diciéndose que el número de funcionarios era excesivo mientras se estaba construyendo una administración paralela en la que se volcaban las tareas y el presupuesto.
Contra todas esas actuaciones protestamos la gente de la CNT, pero no se nos escuchaba, cada uno creía que a él nunca le iba a tocar, que los puestos que se pasaban de empleo de calidad a empleo precario nunca iban a ser los suyos, que nunca nos iba a tocar en primera persona.
Bueno, pues ahora la Junta quiere la privatización de todo. Ahora con este decreto, se crean las llamadas Agencias, que integran a todas las empresas públicas de la Junta y a gran parte de la administración común. Estas Agencias van a ser empresas, que en su gran mayoría van a funcionar con criterios empresariales y de acuerdo al derecho privado, no al derecho público. Esto supone la conversión de los servicios públicos en un negocio, gestionado no por trabajadores públicos, sino por el partido que esté en el poder y por tanto, sirviendo a sus intereses.
Todas las competencias importantes de la Junta las absorberán estas Agencias y serán en las que se emplea más presupuesto: agricultura, medio ambiente, cultura, SAE, los servicios sociales.
El proyecto además, no se para en la Junta. La idea es que estas nuevas Agencias puedan agrupar los servicios que ahora prestan las distintas administraciones públicas; junta, estado, diputaciones, ayuntamientos, o sea que el plan no es sólo para la Junta sino para toda la administración y que terminará afectando a todo el empleo público.
Estas agencias integrarán por tanto, a una gran parte de los empleados públicos que ahora trabajamos en la Junta. Los trabajadores que tenemos un empleo fijo vamos a ver que este cambia a un contrato indefinido, por lo que podremos ser despedidos con 20 días de empleo y sueldo de indemnización cada vez que quieran argumentar que la empresa va mal. Así, a partir del 1 de enero estos trabajadores van a empezar a ser trabajadores de las agencias y su trabajo se va a gestionar con criterios empresariales y de acuerdo al derecho privado.
Y esto es lo que intentamos impedir, que este decreto se lleve a cabo. Porque creemos que los criterios que debe seguir la administración son proporcionar un servicio de calidad para todos, sin que se intente hacer negocio económico o político con ese servicio.
Y protestamos también porque cuando los trabajadores públicos se han echado a la calle contra todo esto, UGT y CCOO han firmado con la Junta un acuerdo para desmovilizar a los trabajadores y acabar con las protestas, cosa que afortunadamente no están consiguiendo.
El acuerdo que han firmado es papel mojado, sin pies ni cabeza, pero eso sí, en el que la Junta le entrega a estos dos sindicatos la capacidad de ser los únicos interlocutores con los que pretende negociar la implantación de estas agencias.
Estos sindicatos creen que la gente está saliendo a la calle sólo por sus puestos de trabajo; y están saliendo por eso como es evidente, pero no sólo por eso. Creían que diciéndoles “hala, que a ti no te van a tocar” ya la gente se va a ir a su casa. Pero la gente está protestando también porque no quieren que se privatice la administración, porque no quieren el modelo que la Junta quiere imponer.
Así, con muy pocas diferencias de fechas, vemos que se le conceden a estos sindicatos casi diez millones de euros en subvenciones para hacer servicios de intermediación de empleo, para que hagan el trabajo que deberían estar haciendo los servicios públicos de empleo. Por lo tanto, ellos también son parte de la externalización.
Por todo eso decimos a los trabajadores que continúen participando en todas las movilizaciones que se convoquen a favor de la derogación de este decreto de privatización de la Junta y que asistan masivamente a la manifestación del próximo sábado en Sevilla, para decirle a la Junta que se metan el decreto por donde les quepa.
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